En futuras entregas profundizaremos en el desarrollo de este principio por parte de la normativa comunitaria y española, perfilando el alcance exacto de dicha protección, desgranando qué es “ininterrumpida y asequible” y enumerando a qué productos energéticos nos referimos. Hoy, por ser éste un texto introductorio, nos quedaremos en la presentación de tres instrumentos que mencionaremos con frecuencia en el futuro:

· Acuerdo de París: tratado internacional firmado por 196 miembros de Naciones Unidas en diciembre de 2015, en el cual se establecen una serie de objetivos para “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático”. En el mismo, se habla de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para contener el aumento de la temperatura media mundial, partiendo de teorías científicas que conectan ambos elementos como causa y efecto. Los pactos incluyen referencias a no comprometer la producción de alimentos, pero curiosamente no hay referencia alguna a la energía. Ni segura, ni insegura, no se otorga prioridad alguna a la seguridad energética pero sí, en cambio, a la seguridad alimentaria. Por algún motivo que se oculta a la inteligencia del que aquí escribe, los firmantes de este tratado consideraron que se puede comer sin transportar, conservar o cocinar.

· Estrategia Energética de la Unión, o “Paquete de energía limpia para todos los europeos”: declaración de la Comisión Europea, en febrero de 2015, estableciendo las prioridades para reforzar la denominada “Unión de la Energía” entre los países europeos. Dicha estrategia está compuesta por cinco dimensiones, una de las cuales es la seguridad energética que nos ocupa, y que se ha desarrollado en detalle en el Reglamento 2018/1999.


Dicho Reglamento, de gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, traduce la seguridad a una sucinta lista de obligaciones nacionales: diversificación de fuentes de energía, flexibilidad de los sistemas nacionales y mejora de la resiliencia para superar las interrupciones y limitaciones de suministro. Asimismo, establece la obligación de los Estados europeos de plasmar todas sus políticas y medidas en planes nacionales de integración de la energía y el clima, de obligada publicación decenal empezando en 2019 (a más tardar, el treinta y uno de diciembre).

· Plan Nacional Integrado de la Energía y el Clima 2021–2030, en adelante PNIEC 2030: como es tradición en nuestro país, el plazo establecido por la norma comunitaria se incumplió de manera flagrante, y hasta el treinta y uno de marzo de 2021 no vio la luz la versión final del texto. Se trata de un documento que define la estrategia nacional en materia energética y en relación al clima, no una ley, pero que tiene máximo interés jurídico por sentar los presupuestos y la lógica bajo las cuales se edifican una serie de normas existentes y por venir, como por ejemplo la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, en vigor desde el pasado veintidós de mayo. Así pues, conviene tener el PNIEC presente y analizarlo en detalle, y así lo haremos de aquí en adelante en esta sede. Antes de entrar en harina, quisiera advertir al lector de que lo que viene no es agradable, pero es necesario. Como afeitarse o pagar impuestos. El Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico, con la evaluación pertinente por parte de la Unión Europea, ha introducido en dicho PNIEC una definición de la seguridad energética que peca de excesos y defectos, a un tiempo. Por contener demasiados elementos, y por el escaso rigor intelectual de dichos añadidos. Así, a las tres obligaciones nacionales mencionadas arriba (diversificación, flexibilidad, resiliencia) añade la “reducción de la dependencia, en especial la importación de combustibles fósiles”. Esta frase es muy desafortunada, y muestra una preocupante falta de análisis respecto a la cadena de valor completa de las diferentes alternativas energéticas.

En el futuro desarrollaremos aquí con mayor detalle por qué la frase es errónea. Por ahora dejaré dos apuntes para explicar nuestro desacuerdo con la misma. Por una parte, la importación de combustibles fósiles es sin duda un campo en el que España importa prácticamente toda su demanda. Esto es así, en el caso del petróleo y el gas, tanto por la inexistencia de yacimientos comercialmente viables como por la normativa contraria a la exploración de recursos minerales que podrían aliviar la balanza española de importaciones en este ámbito. Resulta poco serio prohibir una actividad y fomentar su mala prensa en la opinión pública, para después quejarse de que no sucede. Por otro lado, se parte de la premisa de que las energías renovables reducen la dependencia energética del país, y el propio PNIEC inunda sus párrafos con cifras de importaciones y porcentajes para probar la mejor situación a medida que en el futuro se desfasen los combustibles fósiles. No obstante, esta afirmación es rotundamente falsa.